Flor Cordero
Altamirano.- Después de nueve días de incertidumbre para familiares de siete funcionarios retenidos entre ellos el Delegado de Gobierno de Altamirano, este sábado por la tarde fueron puestos en libertad.
De acuerdo a la información recabada en el lugar Caridad Alcazar López Delegado de Gobierno, el Secretario Técnico del ayuntamiento Liborio
Varela Pinto, el Sindico Aurelio Gómez López, los regidores Oscar Vázquez Luna, Alfredo González Torres y el Policía Municipal Carlos Espinoza Santis, fueron retenidos el pasado 10 de enero cuando se encontraban en una reunión de trabajo.
Los indígenas tojolabales integrantes de la organización Yachil´Atel, liderados por Humberto Castellanos Gómez, de forma violenta subieron a los siete funcionarios a bordo de una camioneta para llevárselos al ejido Absalón Castellanos.
El grupo Yachil´Atel, considerado por la OCEZ-FNLS, como un grupo paramilitar trasladó a sus víctimas durante el transcurso de los nueve días a tres comunidades diferentes Carmen Rusia, Absalón Castellanos hasta dejarlos en el ejido Candelaria, para evitar que fueran rescatados mediante un operativo policíaco.
Yachil´Atel, también dirigido por José Domingo Espinoza, Emilio Américo, Pedro García Espinoza, desde hace varios años han servido en el municipio de Altamirano para golpear y operar con la protección, asistencia y financiamiento -antes- del gobierno de Juan Sabines, hoy se dice que por ex autoridades como Heidy Pino y otros funcionarios.
Familiares de los funcionarios en una entrevista mencionaron que durante los nueve días observaron que el alcalde estuvo solo para mediar el conflicto, únicamente la presencia del Subsecretario de Gobierno Rigoberto Fino Nájera, quien se concretaba a informar que esperar "hasta mañana y mañana" era lo adecuado.
Los funcionarios permanecieron "rehenes" de la organización que tiene presencia en Carmen Rusia, Absalón Castellanos y Candelaria, para presuntamente pedir el revestimiento de un camino de más de 10 kilómetros con un costo de 60 millones de pesos y la cantidad de 500 mil pesos para "proyectos", así como para denunciar según ellos que no han sido atendidos por edil.
Autoridades como Derechos Humanos, lograron ingresar a Candelaria, para constatar que los funcionarios estuvieran bien de salud y se percataron que había doble violación a los derechos humanos ya que habían sido abandonos por parte de las autoridades del Gobierno del Estado y les habían privado de su libertad.
En la cabecera municipal varios grupos intentaban ingresar a la comunidad por la fuerza, incluso el edil Pinto Kanter, intentó desplazarse a la comunidad para iniciar un dialogo directo con los tojolabales, pero el pueblo no lo permitió.
"No debemos dejar que estos líderes que se respaldan con una campaña de difamación y calumnias para desinformar y manipular a sus seguidores y al pueblo en general reciban dinero a cambio de la liberación de nuestros seres queridos".
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